La actualización de políticas es un punto de inflexión. No se permite la automatización de decisiones que requieran habilitación jurídica o sanitaria, forzando a las pymes a un modelo de IA híbrido y responsable.
La euforia inicial por la Inteligencia Artificial Generativa como sustituto universal en el ámbito profesional ha chocado con la realidad jurídica. OpenAI, la compañía desarrolladora de ChatGPT, ha impuesto una drástica restricción en sus políticas de uso, marcando un antes y un después para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) que operan en sectores regulados.
Desde finales de octubre, está explícitamente prohibido utilizar los servicios de OpenAI para la “prestación de asesoramiento personalizado que requiera habilitación profesional, como asesoramiento jurídico o médico, sin la intervención adecuada de un profesional acreditado.”
Esta medida no es una simple nota a pie de página; es una estrategia de mitigación de riesgo legal por parte de la tecnológica, que busca protegerse de las consecuencias de las “alucinaciones” (errores) de la IA, a la vez que obliga a las pymes a asumir su responsabilidad en el uso de la tecnología.
Dos Pilares Críticos: El Veto Legal y Sanitario
La restricción afecta directamente a la capacidad de las pymes para delegar procesos de alto riesgo en modelos de lenguaje. Las empresas deben entender que, aunque la IA sea una herramienta potente, no es una entidad jurídica ni una licencia profesional sustitutiva.
1. Riesgo en el Sector Jurídico-Financiero: Evitar el Fraude y el Error
Para las asesorías, gestorías y departamentos legales de las pymes, el uso de la IA se restringe al nivel de soporte. Los modelos de propósito general como ChatGPT pueden asistir en:
- Consultas Conceptuales: Preguntar por el marco normativo de una Ley de Startups o las obligaciones generales del RGPD.
- Generación de Borradores: Crear una estructura inicial para un contrato o una propuesta de despido.
Lo que está prohibido es delegar el juicio profesional que requiere un análisis contextualizado:
- El Riesgo Legal: Utilizar respuestas generadas por IA para fundamentar escritos judiciales, redactar cláusulas contractuales complejas o aplicar jurisprudencia sin la revisión de un abogado colegiado. Las fuentes investigadas confirman que las IA pueden generar citas judiciales falsas o inapropiadas, lo que podría anular la validez de los documentos y exponer a la pyme a sanciones y daños reputacionales.
Además, en el ámbito financiero, la automatización de decisiones críticas como la evaluación de riesgos crediticios o la recomendación de inversión también cae bajo la lupa. La supervisión humana es obligatoria para garantizar la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
2. La Prohibición Crítica en el Sector Sanitario y Farmacéutico
En el sector salud, la restricción de OpenAI se alinea con las estrictas regulaciones europeas. La Ley de IA de la UE, y por extensión el cumplimiento en España (GEO-Optimización: clínicas tecnológicas Valencia, startup salud Madrid), clasifica los sistemas de IA utilizados para el diagnóstico y tratamiento como de alto riesgo.
- El Límite de la IA: Las pymes sanitarias pueden usar la IA para la gestión de datos, la transcripción de consultas o la pre-clasificación de síntomas (triaje), pero nunca puede sustituir el criterio del médico.
- Compliance y Sanciones: Las normativas de la UE prohíben expresamente los sistemas que manipulen o puntúen a los pacientes negativamente. Las empresas que utilicen IA para el diagnóstico automático deben garantizar la Supervisión Humana Efectiva, la Explicabilidad (que el médico entienda cómo se llegó a la conclusión) y la total Anonimización de los datos del paciente.
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas millonarias, que en la Ley de IA de la UE pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
💡 Delimitación del Riesgo: La Visión de la Industria
Analistas y expertos coinciden en que esta restricción de OpenAI es una acción proactiva de cumplimiento regulatorio futuro. Ante la presión para establecer marcos legales que regulen la IA, las empresas tecnológicas buscan blindarse legalmente.
La transición debe ser de dependencia a empoderamiento:
- Auditoría Interna: Las pymes deben realizar una auditoría de uso de IA para clasificar sus procesos (legal, médico, financiero) según su nivel de riesgo.
- Modelos Híbridos: La solución pasa por un modelo donde la IA es un co-piloto avanzado, acelerando la fase de investigación y documentación, pero donde la decisión final y la asunción de responsabilidad recaen siempre en el profesional acreditado.
Conclusión Clave: “La IA puede ayudar a estructurar, documentar o explicar, pero cuando hay consecuencias jurídicas, médicas o económicas… sigue haciendo falta alguien con nombre, apellidos y número de colegiado.”
La tecnología debe ser utilizada como una ventaja competitiva, nunca como una excusa para evadir la responsabilidad civil y penal.
