En el arranque del nuevo año, el gobierno de Macri tiene por delante una compleja agenda para aportar previsibilidad macroeconómica.

 

Después de las Fiestas (y de los ya clásicos cortes de luz heredados) de fin de año, enero se perfila como el mes clave para las cuestiones pendientes del programa económico que el gobierno de Mauricio Macri aplicará en 2016. Un primer año de gestión que -si pudiera graficarlo con letras- dibujaría con una “n” minúscula la trayectoria esperada de la inflación y con una “u” la del PBI.

Para apuntar a este doble objetivo, la política de metas decrecientes de inflación anunciada -aún sin fecha- por el ministro Alfonso Prat-Gay será la herramienta más importante. Tanto o más que el fin del cepo, las retenciones y trabas al comercio exterior; la unificación cambiaria, con la consecuente devaluación del peso, y la sintonía fina con las tasas de interés. O sea, todas las medidas adoptadas vertiginosamente en veinte días para normalizar la economía y recomponer el “poder de fuego” y el balance del Banco Central, que fueron mucho menos traumáticas de lo esperado, salvo por el subibaja en la remarcación preventiva de precios. Antes de completar la nueva hoja de ruta, el equipo económico deberá encarar otras complejas correcciones para transitar por el “campo minado” que sembró la gestión de Cristina Kirchner.

Para el próximo jueves prevé difundir la nueva lista de Precios Cuidados que acordarán empresas proveedoras y cadenas de supermercados. La idea es estabilizarlos hasta abril para una canasta de unos 300 productos básicos de consumo masivo, muchos de los cuales quedaron raleados o desaparecieron de las góndolas en las últimas semanas. Será una forma de contrarrestar las subas -justificadas o no- por el precipitado fin de los controles de la era K y la corrección del atraso cambiario. El resto quedará libre, aunque no tanto: la retracción de las ventas ya motivó rebajas y descuentos por cantidad, que reaparecieron en vísperas de la Navidad y de Año Nuevo.

Otra cuestión pendiente es el precio de las naftas y el gasoil. Aquí el ministro Juan José Aranguren negocia una baja de 10% en el precio en dólares del crudo que las petroleras venden a las destilerías. La reducción de 75 a 68 dólares del denominado “barril criollo” (casi el doble que la cotización internacional) implica sin embargo una suba de 23% de los precios en pesos de los combustibles, debido al salto del tipo de cambio oficial con que fueron ajustados en 2015. Aún no se acordó la fecha del traslado a los surtidores, pero sí el fraccionamiento en dos o tres meses, a cambio de un recorte impositivo y sin restar ingresos por regalías a las provincias petroleras.

Más compleja de instrumentar es la reducción de subsidios y recomposición de tarifas de electricidad, que Aranguren prevé ahora para febrero, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde están virtualmente congeladas a valores irrisorios desde hace 12 años, a diferencia del resto del país. No sólo hubiera sido socialmente intolerable en medio de los apagones de fin de año, ante el recalentamiento de la demanda eléctrica en la zona más poblada del país y que se atenuará en las vacaciones. También porque se prevé el entrecruzamiento de datos de la Anses y la AFIP para determinar una tarifa social gratuita (de 150 kwh mensuales) y facturar por mes. Simultáneamente se simplificará el cuadro tarifario del gas natural, que en el AMBA es kafkiano, con dos docenas de precios diferentes por metro cúbico según categorías y niveles de consumo o ahorro, junto con subsidios diferenciales o nulos. Estas medidas a resolver son además la antesala del “acuerdo social” convocado por el Gobierno para mediados de mes, a fin de armonizar la prometida reforma del impuesto a las ganancias (retroactiva a enero) y los futuros aumentos salariales en paritarias, que aspira a fraccionar en porcentajes decrecientes a lo largo del año. Para colmo, todo el proceso deberá manejarse con índices de precios provisorios (pero más confiables, basados en las estadísticas de la CABA y San Luis), mientras se trabaja en la indispensable profesionalización del Indec.

Con este marco, la política de metas fiscales y monetarias anticipada por Prat-Gay se perfila como la nueva “ancla” macroeconómica para alinear las expectativas cambiarias, inflacionarias y salariales, tras el atraso cambiario y tarifario que dejó la insostenible política populista de CFK, a costa de dilapidar las reservas del BCRA y el déficit energético, además de catapultar el déficit fiscal de 2015 (7% del PBI) y la emisión (la base monetaria creció más de 40%).

En el nuevo esquema, la reducción (o reorientación) de los subsidios energéticos (que pasaron de 1,5 a 12,3% del gasto primario entre 2005 y 2014), será la vía para achicar gradualmente el déficit fiscal heredado. Y, por lo tanto, una pieza clave para definir no sólo la política fiscal de 2016 (ajustes de salarios estatales y jubilaciones, etcétera) frente a un presupuesto de fantasía y menores ingresos por las recientes bajas de impuestos, sino también la política monetaria, que acaba de absorber parte del aluvión de pesos de fines de 2015 con un sendero decreciente de tasas de interés. El financiamiento del déficit presupuestario incluiría una mezcla de menor emisión monetaria y mayor endeudamiento interno y externo, por ahora sin cuantificar.

A mediados de enero también se iniciará formalmente la negociación con los holdouts, con la incorporación de un nuevo estudio jurídico en Nueva York y el objetivo final de colocar deuda en el exterior a tasas más razonables y sin riesgos de embargo. El primer paso es negociar que el juez Griesa reponga el stay (no innovar) que dejó sin efecto hace 18 meses. Quizás por eso los fondos buitre se apresuraron a embarrar la cancha para el préstamo que otorgará un grupo de bancos extranjeros. De esos recursos podría surgir un depósito a cuenta de la negociación. Si logra reabrir el acceso al financiamiento en los mercados externos, el Palacio de Hacienda tendrá así más margen para eliminar el déficit fiscal primario en un plazo de cuatro años.

Otras cartas que el Gobierno se apresta a usar en el plano interno son el pago parcial de la deuda del Estado con las obras sociales sindicales y la reactivación de los proyectos de inversión ya decididos por varias empresas con mayor impacto sobre el empleo, a cargo de la agencia que creó el Ministerio de Producción. En definitiva, el desafío que Macri no podrá eludir es cómo convencer a los agentes económicos -y a la sociedad- de que los beneficios de una política económica más racional y productiva serán a más largo plazo, a la inversa de sus costos.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1858471-el-mes-clave-para-2016

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